En la sesión del martes 10 de abril, el Senado de la República aprobó a pupitrazo la nueva ley que pretende regular los problemas de contenido y derechos de autor en Internet, conocida de forma masiva como "Ley Lleras 2". Envuelto entre el paquete de medidas para aprobar el TLC, que está siendo enviado a las carreras para hacer que Santos lo firme en Cartagena ante la mirada aprobatoria de Obama, esa ley mantiene los mismos temores que mantuvo la Ley Lleras 1, a la cual este sitio se opuso en este post. Sobre el TLC en pleno no opino: está más allá de mi alcance.
Aún así, voy a dar una aclaración fuerte que es únicamente mi opinión. Para mí, esa ley Lleras 2 está diseñada para ser letra muerta. La razón para esto se da por una situación que ha sido pasada de largo por la indignación que está provocando la aprobación de estos artículos de la ley. Porque es una norma casi imposible de ejercer, a menos que se cuente con recursos con los que no cuenta este país.
Me explico. Colombia no es un país que se destaque por su justicia. Nada más dos noticias de hoy lo demuestran: primero, un fallo del Consejo de Estado revivió una indemnización aprobada en el gobierno de Samper y en trámite desde el 2004, que haría que el gobierno le deba $1.3 Billones (la B con mayúscula para que se vea) a magistrados regionales, procuradores delegados y fiscales. Por otro lado, que Julio Gómez fue condenado a 5 años de cárcel y una multa de $58 millones por robarse $68000 millones en el carrusel de la contratación.
Por supuesto, estos son sólo dos de los miles de casos que se registran de fallas en el sistema de justicia nacional. Así mismo, se tiene que recordar que en este país los entes de control están sobrecargados de trabajo, que los juzgados tienen millones de procesos represados durante años, y que para colmo, la mayoría de esos procesos son provocadas por negligencias: el 34% de todas las tutelas que se presentan al año en Colombia, por ejemplo, son causadas por temas de salud, es decir, negligencias de EPS.
En estas condiciones, a mí me cuesta creer que un gobierno se va a dar la pela en judicializar a los que piratean programas, señales de televisión o música. No porque esté de acuerdo con la piratería (aunque pirateo: hay cosas que son simplemente imposibles de conseguir de forma legal, como lo representa excelentemente esta caricatura de The Oatmeal), sino por falta de recursos. No me imagino la cantidad de personal, equipo y demás que se necesitará para poder hacer efectiva la visión orwelliana que temen los críticos de esta norma, más con los organismos de control maltrechos de este país.
Esta es una norma que se va a quedar como muchas en el país en eso, norma. En el papel, será una norma que podrá castigar tradiciones locales como poner streaming de los partidos del FPC para quien no tiene DirecTV, descargar porno o comprar libros en la calle. En la práctica, los usuarios individuales probablemente no nos veamos afectados. Tal vez sea mayor el temor al descargar algo, pero no va a cambiar tanto la cultura del colombiano.Y no será la primera vez que las leyes efectivas en el papel se quedan ahí, en el papel.
Adenda. Un administrador de redes conocido mío dio un posible (qué posible, seguro) uso de la nueva ley en la práctica. El uso: persecución política. Y un ejemplo, el caso de Nicolás Castro, famoso por "amenazar" a Tom y Jerry Uribe en Facebook: si a alguien le agarran el computador y no le encuentran nada incriminatorio, fácilmente puede ser detenido igual por tener un capítulo de Los Simpson o un MP3 que bajó para poner de ringtone. Así estamos.
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