Colombia, en los breves años entre 1991 y 2003, había aprobado una serie de normas pioneras en lo que respecta a la libertad de escoger para el pueblo. Una de estas, fue la sentencia impulsada por Carlos Gaviria, durante la presidencia de Pastrana, por la cual la Corte Constitucional consideró que el porte de una dosis personal de un narcótico (cocaína, marihuana, éxtasis) no es delito. En otras palabras, que uno tenga su porro para consumo privado no lo hace narcotraficante.
Aún así, el gobierno Uribe, donde del presidente para abajo son emblemas de la vieja política conservadora del "Dios, patria y libertad", a duras penas pudo ocultar su disgusto por ver continuamente a la gente que de vez en cuando se pega un pase hacer eso, pegarse un pase. Durante varios años buscaron la forma de conseguir que el congreso, bañado en whisky, lograra apelar esa norma. Los motivos pudieron haber sido muchos: desde igualar al hippie metelón en el campus de la Nacional con el traqueto alabado en "El Capo" y "Sin tetas", hasta considerar la posibilidad de tratamiento médico para los adictos.
Anoche, el loable congreso de la República decidió ceder a la presión de ciertos sectores moralistas que, de alguna forma u otra, logran imponer sus decisiones pasando por encima de uno de los privilegios más grandes que le da a la ciudadanía la Constitución del 91. Ese principio de la libertad de decisión y expresión, que ha sido tan maltratado en los últimos años por la oposición al gobierno.
Quiero aclarar que nunca he metido, más allá de lo que se pueda meter por andar oliendo el humo de los vecinos en la Nacional. Pero sí me parece que la cuestión de la prohibición de la dosis personal tiene un fuerte componente político.
Este componente es, básicamente, la falsa sensación de seguridad que da pensar que un metelón será echado a la UPJ. Es de todos conocido el arquetipo del drogadicto, el cual nuestra mentalidad pueblerina ha dado por igualar con el de un delincuente, que delinque para meter droga. Ese es un estereotipo válido en la época del Cartucho, o en el sector de Cinco Huecos, en el olvidado centro de Bogotá. Excepto por dos detalles es válido el estereotipo: uno, la delincuencia ahora es menos vinculada con la necesidad adquirida de meter, y más con la necesidad instintiva de comer. Y segundo, que en los sectores donde la delincuencia realmente tiene que ver con el consumo de estupefacientes, como el mismo Cinco Huecos, la fuerza pública no entra ni con tanqueta.
Esta falacia mencionada tiene un objetivo: la sensación de seguridad. Cuando una de las críticas más grandes que tiene el gobierno es sus resultados mediocres en seguridad urbana respecto a los muy publicitados éxitos de la Seguridad Democrática rural, cualquier cosa sirve para inflar cifras, algo en lo que este gobierno es experto. Además, también colabora esta perseguidera para inflar las cifras de la "guerra contra las drogas", puesto que el rubro de "decomisos" que manejan los organismos oficiales verá un aumento notable cortesía de los gramos de marihuana, las pepas de éxtasis y las papeletas de bazuco que se encuentren.
Por supuesto, hay gente como uno que se opone a esta medida. Pero la base del apoyo de Uribe, esa porción que cree que la guerrilla se va a meter por la ventana si sale de la presidencia el presidente, ha dado por descalificar a los opositores como drogadictos, narcos, guerrilleros y demás epítetos propios de ellos. No estoy de acuerdo con ellos, ya que Colombia no se descompuso moralmente (algo corriente en las alusiones de la derecha retrógrada y pacata de este país) cuando se liberó la dosis personal. Tampoco se dio el aumento del narcotráfico por esa vía, sino por el exterior. Y ahora, los presupuestos y el personal de las fuerzas policiales serán aún más atomizados por andar buscando metelones, en vez de dedicarse a proteger los bienes y personas de los crímenes serios.
Tal vez el mejor país que ha podido tratar con la drogadicción es Portugal. Allá no sólo la droga no está penalizada, sino que se trata como un problema de salud pública, y como tal, un adicto recibe tratamiento de parte del gobierno para dejar la adicción. Y las cifras son contundentes: según el instituto CATO, el consumo en adolescentes ha disminuido, lo mismo que los contagios de VIH y las muertes por sobredosis, mientras el número de adictos en tratamiento crece.
Es decir: el tema acá no es prohibir la droga por prohibirla. Una ley básica de la economía dice que, si un bien o servicio tiene demanda, habrá oferta porque habrá oferta de dicho bien. En el caso de las drogas, esta oferta y esta demanda existen, la una como narcotráfico y la otra como drogaadicciones. Así, la prohibición de la dosis personal creará un aumento en el tráfico ilegal, en vez de restringirlo. Eso implica más fondos y una mayor persecución de los adictos, lo que redunda en un círculo vicioso. Hay que aprender de los portugueses, y darle una solución que sea preventiva, no punitiva, para que la drogadicción disminuya y que no se requiera gastar dinero y personal necesarios para temas más graves del espectro político nacional. Los metelones, gústenos o no, están ahí, y es mejor tenderles una mano y ayudarlos a salir de sus adicciones, en vez de sacarles rejo, esconderlos y vivir con una bomba social por debajo de nuestras sillas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario