¿Qué quedó de la Cumbre de las Américas en Cartagena? Un burro en Turbaco que debía quedar en Washington, la libertad de Ublime, un Juan Valdez junto a la Torre del Reloj... y un escándalo de prostitución que involucra al Servicio Secreto de Estados Unidos. El escándalo no es propiamente porque los agentes del Servicio Secreto de la Presidencia de Estados Unidos se hayan ido de putas, como bien chambonamente lo dijo Pascual Gaviria en La Luciérnaga, sino porque es el Servicio Secreto, es decir, la seguridad del presidente Obama. Más si estamos hablando de un viaje internacional con muchos delegados, 30 jefes de estado, y en una ciudad como Cartagena.
Ese es el quid del asunto para los gringos. ¿Qué se puede esperar de la seguridad de la presidencia, si deja de cumplir su labor para armar tremenda parranda con 21 mujeres en un hotel? Por supuesto, también explotó la derecha goda gringa, moralista y pacata, porque muchos de estos agentes son casados; y también explotó la derecha goda gringa, tacaña y enemiga del gasto público, porque estos agentes reciben sueldos altos que no están gastando para generar empleo en la prostitución de los Estados Unidos, sino en la economía colombiana. (?)
Ahora, el escándalo en Colombia parece ser porque se descubrió lo que todo el mundo sabía en Cartagena: el turismo sexual está vigente. No sólo el turismo de menores, que ha sido atacado por la alcaldesa pasada, Maríamulata, sino el de mayores que lo hacen de forma consentida y con todo el ánimo del mundo. Y que no es un problema exclusivo de Cartagena, pues muchos que se rasgan las vestiduras se hacen los pendejos con los burdeles en Bogotá entera, por ejemplo.
Por supuesto, el turismo sexual en Cartagena es una forma que mucha de la población de la ciudad tiene para sobrevivir, y no me refiero únicamente a las prostitutas. Taxistas, meseros de bares, camareros de hoteles, y otras personas que también reciben su comisión por promocionar un burdel específico, o el servicio de una "prepago" precisa. Es más, a mí no me sorprendería que muchos de los vendedores ambulantes que fueron desterrados del Centro Histórico por una semana, lo hubieran sido porque ofrecían chicle, maní, tinto, caramelo y chicas.
Esa demuestra otro factor crucial en Cartagena, que las torres de Bocagrande y las obras en el Centro Histórico se empeñan en ocultar: la ciudad oculta, la gran cantidad de cartageneros que viven en la pobreza y que fueron olvidados durante la cumbre. Estos cartageneros, a duras penas, se pudieron ver en el camino entre el Aeropuerto y el área turística, y si acaso, cuando algún delegado miraba al Cerro de la Popa. Toda esa ciudad oculta, tal como se esconde el gueto angelino tras el glamour de Hollywood, tenía que salir de alguna u otra forma en esta cumbre. Y lo hizo de la forma más vergonzosa (para los agentes del Servicio Secreto) posible.
En fin. Se supo que el escándalo se destapó porque uno de los miembros del Servicio Secreto no quiso sacar US$200 de los US$110000 que aparentemente ganan estos agentes, para pagarle a la acompañante que lo había acompañado. Esta puso el grito en el cielo (o más exactamente, en la recepción del hotel) y la prensa, ni corta ni perezosa, utilizó su poderosa capacidad de investigación para ir hasta las últimas consecuencias y joderle la vida hasta el fondo a los agentes, las prostitutas, el hotel y Cartagena. Si esto es cierto, sería el colmo que la Cumbre de las Américas no hubiera dejado nada a Colombia: ni siquiera la remuneración a las prostitutas que sirvieron a la comitiva de Obama.
Pensamientos inconexos devenidos en posts.
martes, 17 de abril de 2012
miércoles, 11 de abril de 2012
Un análisis del entramado de la Ley Lleras 2
Así Germán Vargas Lleras se haya pasado la mañana escribiendo que lo que se aprobó ayer como proyecto 201 de 2012 no es la resurrección de la Ley Lleras, la ley aprobada quedó conocida así en el imaginario público. Enter ha publicado el texto íntegro del proyecto aprobado ayer en el Senado de la República.
Al grano. La ley actualiza lo relativo a copyright de forma masiva, vigente en la Ley 23 de 1982. Dicha ley, que rige actualmente, se hizo en una época donde la mayor fuente de piratería era grabar un cassette con Duran Duran y The Clash de Caracol Estéreo. Hoy se tiene que adaptar la ley a un mundo de torrents, streamings, blu-rays y consolas. La adaptación se basó en, simplemente, las mismas dinámicas que manejaban las normas de distribución de la Ley 23 del 82.
El lenguaje de la ley es deliberadamente ambiguo. Un ejemplo claro es que utiliza términos técnicos como "fonograma", "fijación" o "derechohabiente", de tal fortuna que mis grabaciones del desfile de inauguración del Festival de Teatro se convierten en fonogramas que tomé sin autorización expresa del Festival de Teatro y, por ende, transmitir dichas grabaciones para un audioslide de la universidad resulta un tema imposible. Así mismo, define "lucro" como "ganancia o provecho que se le saca a algo". Hilando muy fino, si yo me divierto viendo los Simpson, estaría lucrándome de acuerdo al proyecto 201 de 2012.
Aún así, el texto del articulado como tal es bastante más preciso en sus términos. El artículo 16, que es el quid del asunto, determina que habrá penas de prisión entre 4 y 8 años, y sanciones monetarias fuertes, a quienes, entre otras cosas, reproduzcan cualquier cosa con derechos de autor en cualquier medio sin autorización. También, tomo literalmente la ley, a quien "fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o musicales" (ejemplo, mi grabación del desfile del FITB), retransmita las señales de televisión (esto queda mucho más claro en el artículo 13), y quien venda, alquile o distribuya de cualquier forma artículos que violen estos artículos. El artículo 17 establece penas para quien intente saltarse las restricciones de derechos de autor, ya sea mediante liberación de las restricciones de DRM o con aparatos electrónicos.
El problema más grave que surge de la ley es que, en el afán de aprobarla para que Santos la firme ante la indiferente mirada de Obama este viernes, la ley quedó con vacíos legales impresionantes. Por ejemplo, automáticamente todos los estudiantes de universidad que sacamos fotocopias o descargamos lecturas de Internet quedamos violando el proyecto de ley 201: la ley 23 de 1982 tenía una salvaguarda para permitir la reproducción de información académica en este contexto. El proyecto quedó sin esta salvaguarda, con lo que las fotocopiadoras de las universidades, tomando al pie de la letra lo que dice la ley, son equivalentes a las bodegas donde se copian los DVD y libros para vender en los semáforos: ambos son centros de distribución de productos sin derechos de autor.
Así mismo, ad pedem literae se encuentra uno conque grabar el concierto de Paul McCartney y subirlo a Youtube porque le dio por dedicarle Something a su traga, puede dar una pena de 8 años y una multa de 1000 salarios minimos legales vigentes. Y aún más: quien represente obras de teatro, musicales o literarias sin contar con autorización expresa del propietario de los derechos de autor, podrá ser acreedor de esta pena, con lo que se pueden ir al carajo todos los profesores de teatro, baile, poesía y literatura del país.
Por supuesto, la anterior es una visión del peor caso. Y me mantengo en mis opiniones expresadas anteriormente: la ley es casi imposible de implementar completamente. Es más: la ley 23 de 1982, que ya lleva 30 años en existencia, no ha podido ser aplicada a plenitud en ningún momento, y eso que sólo se limita a las copias físicas. Para la muestra, basta salir a la calle 78 con carrera 15 y ver cuántos venden películas, libros, CDs y programas piratas en la calle, a plena luz del día y con un CAI al lado.
Aún así, lo peligroso es que el afán de sacar una ley a las carreras, para que nos haga el favor del TLC el presidente Obama (que igual no lo va a hacer antes de noviembre: aprobar un TLC es echarse encima a los sindicatos, fuerte del gobierno demócrata, en año electoral), el país está poniendo en riesgo su capacidad de compartir información. La piratería tiene que ser acabada, es cierto, pero la forma de acabarla no es convirtiendo a todo el mundo en un pirata por falta de capacidad de idearse algo mejor.
Jorge Robledo ya dijo que la ley tiene vicios de forma (como modifica el Código Penal, no podía aprobarse a pupitrazo) y que iba a demandarla ante la Corte Constitucional. Es posible que esa, una leguleyada de la que tanto nos molesta, por una vez en la vida sea para el bien del público, y en particular, del público que no quiere pagar $14000 al mes en Netflix y que pone todos los partidos en streaming porque no se aguanta a los narradores de Caracol Televisión.
Al grano. La ley actualiza lo relativo a copyright de forma masiva, vigente en la Ley 23 de 1982. Dicha ley, que rige actualmente, se hizo en una época donde la mayor fuente de piratería era grabar un cassette con Duran Duran y The Clash de Caracol Estéreo. Hoy se tiene que adaptar la ley a un mundo de torrents, streamings, blu-rays y consolas. La adaptación se basó en, simplemente, las mismas dinámicas que manejaban las normas de distribución de la Ley 23 del 82.
El lenguaje de la ley es deliberadamente ambiguo. Un ejemplo claro es que utiliza términos técnicos como "fonograma", "fijación" o "derechohabiente", de tal fortuna que mis grabaciones del desfile de inauguración del Festival de Teatro se convierten en fonogramas que tomé sin autorización expresa del Festival de Teatro y, por ende, transmitir dichas grabaciones para un audioslide de la universidad resulta un tema imposible. Así mismo, define "lucro" como "ganancia o provecho que se le saca a algo". Hilando muy fino, si yo me divierto viendo los Simpson, estaría lucrándome de acuerdo al proyecto 201 de 2012.
Aún así, el texto del articulado como tal es bastante más preciso en sus términos. El artículo 16, que es el quid del asunto, determina que habrá penas de prisión entre 4 y 8 años, y sanciones monetarias fuertes, a quienes, entre otras cosas, reproduzcan cualquier cosa con derechos de autor en cualquier medio sin autorización. También, tomo literalmente la ley, a quien "fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o musicales" (ejemplo, mi grabación del desfile del FITB), retransmita las señales de televisión (esto queda mucho más claro en el artículo 13), y quien venda, alquile o distribuya de cualquier forma artículos que violen estos artículos. El artículo 17 establece penas para quien intente saltarse las restricciones de derechos de autor, ya sea mediante liberación de las restricciones de DRM o con aparatos electrónicos.
El problema más grave que surge de la ley es que, en el afán de aprobarla para que Santos la firme ante la indiferente mirada de Obama este viernes, la ley quedó con vacíos legales impresionantes. Por ejemplo, automáticamente todos los estudiantes de universidad que sacamos fotocopias o descargamos lecturas de Internet quedamos violando el proyecto de ley 201: la ley 23 de 1982 tenía una salvaguarda para permitir la reproducción de información académica en este contexto. El proyecto quedó sin esta salvaguarda, con lo que las fotocopiadoras de las universidades, tomando al pie de la letra lo que dice la ley, son equivalentes a las bodegas donde se copian los DVD y libros para vender en los semáforos: ambos son centros de distribución de productos sin derechos de autor.
Así mismo, ad pedem literae se encuentra uno conque grabar el concierto de Paul McCartney y subirlo a Youtube porque le dio por dedicarle Something a su traga, puede dar una pena de 8 años y una multa de 1000 salarios minimos legales vigentes. Y aún más: quien represente obras de teatro, musicales o literarias sin contar con autorización expresa del propietario de los derechos de autor, podrá ser acreedor de esta pena, con lo que se pueden ir al carajo todos los profesores de teatro, baile, poesía y literatura del país.
Por supuesto, la anterior es una visión del peor caso. Y me mantengo en mis opiniones expresadas anteriormente: la ley es casi imposible de implementar completamente. Es más: la ley 23 de 1982, que ya lleva 30 años en existencia, no ha podido ser aplicada a plenitud en ningún momento, y eso que sólo se limita a las copias físicas. Para la muestra, basta salir a la calle 78 con carrera 15 y ver cuántos venden películas, libros, CDs y programas piratas en la calle, a plena luz del día y con un CAI al lado.
Aún así, lo peligroso es que el afán de sacar una ley a las carreras, para que nos haga el favor del TLC el presidente Obama (que igual no lo va a hacer antes de noviembre: aprobar un TLC es echarse encima a los sindicatos, fuerte del gobierno demócrata, en año electoral), el país está poniendo en riesgo su capacidad de compartir información. La piratería tiene que ser acabada, es cierto, pero la forma de acabarla no es convirtiendo a todo el mundo en un pirata por falta de capacidad de idearse algo mejor.
Jorge Robledo ya dijo que la ley tiene vicios de forma (como modifica el Código Penal, no podía aprobarse a pupitrazo) y que iba a demandarla ante la Corte Constitucional. Es posible que esa, una leguleyada de la que tanto nos molesta, por una vez en la vida sea para el bien del público, y en particular, del público que no quiere pagar $14000 al mes en Netflix y que pone todos los partidos en streaming porque no se aguanta a los narradores de Caracol Televisión.
Ley Lleras: letra muerta
En la sesión del martes 10 de abril, el Senado de la República aprobó a pupitrazo la nueva ley que pretende regular los problemas de contenido y derechos de autor en Internet, conocida de forma masiva como "Ley Lleras 2". Envuelto entre el paquete de medidas para aprobar el TLC, que está siendo enviado a las carreras para hacer que Santos lo firme en Cartagena ante la mirada aprobatoria de Obama, esa ley mantiene los mismos temores que mantuvo la Ley Lleras 1, a la cual este sitio se opuso en este post. Sobre el TLC en pleno no opino: está más allá de mi alcance.
Aún así, voy a dar una aclaración fuerte que es únicamente mi opinión. Para mí, esa ley Lleras 2 está diseñada para ser letra muerta. La razón para esto se da por una situación que ha sido pasada de largo por la indignación que está provocando la aprobación de estos artículos de la ley. Porque es una norma casi imposible de ejercer, a menos que se cuente con recursos con los que no cuenta este país.
Me explico. Colombia no es un país que se destaque por su justicia. Nada más dos noticias de hoy lo demuestran: primero, un fallo del Consejo de Estado revivió una indemnización aprobada en el gobierno de Samper y en trámite desde el 2004, que haría que el gobierno le deba $1.3 Billones (la B con mayúscula para que se vea) a magistrados regionales, procuradores delegados y fiscales. Por otro lado, que Julio Gómez fue condenado a 5 años de cárcel y una multa de $58 millones por robarse $68000 millones en el carrusel de la contratación.
Por supuesto, estos son sólo dos de los miles de casos que se registran de fallas en el sistema de justicia nacional. Así mismo, se tiene que recordar que en este país los entes de control están sobrecargados de trabajo, que los juzgados tienen millones de procesos represados durante años, y que para colmo, la mayoría de esos procesos son provocadas por negligencias: el 34% de todas las tutelas que se presentan al año en Colombia, por ejemplo, son causadas por temas de salud, es decir, negligencias de EPS.
En estas condiciones, a mí me cuesta creer que un gobierno se va a dar la pela en judicializar a los que piratean programas, señales de televisión o música. No porque esté de acuerdo con la piratería (aunque pirateo: hay cosas que son simplemente imposibles de conseguir de forma legal, como lo representa excelentemente esta caricatura de The Oatmeal), sino por falta de recursos. No me imagino la cantidad de personal, equipo y demás que se necesitará para poder hacer efectiva la visión orwelliana que temen los críticos de esta norma, más con los organismos de control maltrechos de este país.
Esta es una norma que se va a quedar como muchas en el país en eso, norma. En el papel, será una norma que podrá castigar tradiciones locales como poner streaming de los partidos del FPC para quien no tiene DirecTV, descargar porno o comprar libros en la calle. En la práctica, los usuarios individuales probablemente no nos veamos afectados. Tal vez sea mayor el temor al descargar algo, pero no va a cambiar tanto la cultura del colombiano.Y no será la primera vez que las leyes efectivas en el papel se quedan ahí, en el papel.
Adenda. Un administrador de redes conocido mío dio un posible (qué posible, seguro) uso de la nueva ley en la práctica. El uso: persecución política. Y un ejemplo, el caso de Nicolás Castro, famoso por "amenazar" a Tom y Jerry Uribe en Facebook: si a alguien le agarran el computador y no le encuentran nada incriminatorio, fácilmente puede ser detenido igual por tener un capítulo de Los Simpson o un MP3 que bajó para poner de ringtone. Así estamos.
Aún así, voy a dar una aclaración fuerte que es únicamente mi opinión. Para mí, esa ley Lleras 2 está diseñada para ser letra muerta. La razón para esto se da por una situación que ha sido pasada de largo por la indignación que está provocando la aprobación de estos artículos de la ley. Porque es una norma casi imposible de ejercer, a menos que se cuente con recursos con los que no cuenta este país.
Me explico. Colombia no es un país que se destaque por su justicia. Nada más dos noticias de hoy lo demuestran: primero, un fallo del Consejo de Estado revivió una indemnización aprobada en el gobierno de Samper y en trámite desde el 2004, que haría que el gobierno le deba $1.3 Billones (la B con mayúscula para que se vea) a magistrados regionales, procuradores delegados y fiscales. Por otro lado, que Julio Gómez fue condenado a 5 años de cárcel y una multa de $58 millones por robarse $68000 millones en el carrusel de la contratación.
Por supuesto, estos son sólo dos de los miles de casos que se registran de fallas en el sistema de justicia nacional. Así mismo, se tiene que recordar que en este país los entes de control están sobrecargados de trabajo, que los juzgados tienen millones de procesos represados durante años, y que para colmo, la mayoría de esos procesos son provocadas por negligencias: el 34% de todas las tutelas que se presentan al año en Colombia, por ejemplo, son causadas por temas de salud, es decir, negligencias de EPS.
En estas condiciones, a mí me cuesta creer que un gobierno se va a dar la pela en judicializar a los que piratean programas, señales de televisión o música. No porque esté de acuerdo con la piratería (aunque pirateo: hay cosas que son simplemente imposibles de conseguir de forma legal, como lo representa excelentemente esta caricatura de The Oatmeal), sino por falta de recursos. No me imagino la cantidad de personal, equipo y demás que se necesitará para poder hacer efectiva la visión orwelliana que temen los críticos de esta norma, más con los organismos de control maltrechos de este país.
Esta es una norma que se va a quedar como muchas en el país en eso, norma. En el papel, será una norma que podrá castigar tradiciones locales como poner streaming de los partidos del FPC para quien no tiene DirecTV, descargar porno o comprar libros en la calle. En la práctica, los usuarios individuales probablemente no nos veamos afectados. Tal vez sea mayor el temor al descargar algo, pero no va a cambiar tanto la cultura del colombiano.Y no será la primera vez que las leyes efectivas en el papel se quedan ahí, en el papel.
Adenda. Un administrador de redes conocido mío dio un posible (qué posible, seguro) uso de la nueva ley en la práctica. El uso: persecución política. Y un ejemplo, el caso de Nicolás Castro, famoso por "amenazar" a Tom y Jerry Uribe en Facebook: si a alguien le agarran el computador y no le encuentran nada incriminatorio, fácilmente puede ser detenido igual por tener un capítulo de Los Simpson o un MP3 que bajó para poner de ringtone. Así estamos.
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